LA LISTA NEGRA: ¿Y LUEGO QUÉ VENDRÁ?

Ayer, viernes 02 de julio del 2010, el diario Perú21 publicó la siguiente noticia
http://peru21.pe/noticia/504276/docentes-pasado-subversivo-no-podran-ejercer

Si se trata de separar de la actividad docente a un individuo que hace propaganda subversiva, que hace apología de los actos violentos cometidos por Sendero Luminoso o el MRTA, o que incita a sus alumnos a integrarse a estos grupos violentistas para formar los nuevos cuadros que "llegarán al poder a través de la guerra popular", sería una medida correcta. En resumen, una medida correcta toda vez que el acto delictivo o negligente -por decirlo menos- sea comprobado. Pero, luego en la nota del diario, al final se lee "El decreto también señala que los condenados por delitos vinculados al terrorismo “no podrán ingresar ni reingresar al servicio (del sector Educación), aun cuando hayan sido declarados rehabilitados por la autoridad jurisdiccional correspondiente.”"

¿Y luego que vendrá? ¿Registrar a los profesores por la religión que profesan? ¿O hacer una lista con todos los que hayan sido acusados de senderistas? ¿Importa que muchas de las acusaciones hayan sido falsas y atribuidas a personas que, no sólo son inocentes, sino que han sido maltratados y humillados en la cárcel? Tal vez, más adelante, tengamos que poner nuestros nombres en una tabla para conseguir trabajo, y ni que decir del trabajar en el estado. Nos veremos obligados a decir si somos homosexuales o no, católicos o evangelistas, si somos de izquierda o derecha, y si lo somos por qué lo somos, y si no, por qué no lo somos. Yo trabajo en una entidad del estado, pero también tuve participación política activa en la UNMSM ¿También tengo que ser analizado por eso más que por mi capacidad? ¿Eso disminuye mis habilidades? Lo que trata de hacer el gobierno es un despropósito toda vez que se atenta contra el derecho de los hombres libres a poder hacer su vida nuevamente luego de pagar una pena, luego de cumplir una condena. Miles de peruanos, de todos los bandos, han sido acusados, injustamente, de delincuentes, asesinos, torturadores, etc., durante el período de la violencia terrorista. La sospecha y el prejuicio eran las armas que ambos bandos utilizaron la mayoría de veces. La presunción y acusación por ser de determinado color, posición u origen, de ser terrorista o de ser un perro burgués, fue el único fundamento para crímenes como, por ejemplo, los de La Cantuta –asesinato de 9 estudiantes y un profesor por parte del grupo paramilitar estatal “Colina”- o Lucanamarca –masacre de 69 campesinos por Sendero Luminoso-. Ahora se pretende tener una barrera en el sector educación contra aquellos individuos que cumplieron una pena y que quieren reintegrarse a la sociedad. No hablo de aquellos que aún no renuncian a seguir cometiendo actos delincuenciales, mi voz apoya a aquel que se reintegró, asumió las culpas de sus acciones y merecen otra oportunidad luego de pagar sus condenas. La preservación del estado de derecho, de la libertad democrática, no debería basarse en políticas o métodos tan fascistas como el que se quiere imponer en la educación peruana. De ser así podríamos esperar que un mismo filtro se aplique en la administración pública, pero entonces Alan García no tendría a su alfil Kouri en carrera a la Municipalidad de Lima. ¿O no?